La vigilancia de la monitorización de la parturienta entra dentro de las funciones de la matrona. Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Zaragoza en una sentencia en la que condena a una matrona por no mantener un control continuo del monitor.
El biólogo y periodista especializado en Ciencia de EcoDiario ha intentado quitarle importancia al alarmismo generado ante el brote de gripe porcina. "La gripe común causa entre 250.000 y 500.000 muertes al año en todo el mundo y nadie se alarma por ello", ha asegurado Luis Miguel Ariza en el encuentro digital con los usuarios.
Según CCOO las muertes por enfermedades profesionales suponen la pérdida de unos 134.000 años potenciales de vida |
La actualización del estudio del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud de CCOO (ISTAS) sobre el "Impacto de las enfermedades de origen laboral en España" revela que en 2006 murieron unas 16.0000 personas a consecuencia de enfermedades laborales, afectando principalmente a los hombres ( 87% del total).
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28 de abril de 2009 |
El mayor número de muertes de origen laboral se debió a tumores malignos (más de 8.600 fallecimientos en hombres y de 800 en mujeres), seguidos por enfermedades cardiovasculares con unas 2.800 en hombres y 500 en mujeres. Como tercera causa de mortalidad de origen laboral en los hombres aparecen las enfermedades del aparato respiratorio con unas 1.500 muertes y en las mujeres, las enfermedades infecciosas y parasitarias con casi 200 fallecimientos. Estas muertes suponen, entre otras cosas, la pérdida de unos 134.000 años potenciales de vida.
Según el informe, en 2008 se produjeron unos 91.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el trabajo, destacando las enfermedades musculoesqueléticas con un 35% sobre el total, seguidas de las enfermedades de piel (14%), de las sorderas (13%), de las enfermedades mentales (10%) y de las respiratorias (9%).
Al mismo tiempo, en 2008, se registraron 18.700 enfermedades profesionales, es decir solamente el 21% de enfermedades de origen laboral que se estima que se produjeron, lo cual significa que un 79% de las enfermedades laborales no se registró en las estadísticas oficiales.
El mayor subregistro corresponde a las enfermedades cardiovasculares con un 100% (no se registró ninguna), seguido de los tumores malignos (99%). Las enfermedades que menor subregistro padecen son las musculoesqueléticas, reconociéndose casi la mitad de las que realmente se estima que se producen.
Madrid, 28 abr (EFECOM).- El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, considera que el superávit de la Seguridad Social demuestra la "solvencia del sistema" y la necesidad de fortalecerlo, frente a quienes "auguran" la quiebra del mismo. Así lo expuso Toxo tras conocerse hoy que la Seguridad Social tuvo un superávit de 8.249,24 millones de euros hasta marzo, lo que supone el 24,16 por ciento menos frente al mismo periodo de 2008. Antes de intervenir en la asamblea de delegados de CCOO con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, Toxo señaló que este retroceso en el saldo final de la Seguridad Social es "normal", debido en parte al crecimiento del desempleo y la falta de cotizantes. Explicó que también ha influido en la caída del superavit el aplazamiento de los pagos autorizado por la Seguridad Social a las empresas, así como las bonificaciones para la contratación de trabajadores. El sindicato tiene previsto entregar hoy en el Ministerio de Sanidad y Política Social un documento que denuncia la situación de las enfermedades profesionales y exige una presencia "mucho mayor" de las administraciones públicas en el tratamiento de estos casos. Se trata de un tema, según Toxo, "muy presente" en las empresas, pero "escasamente reconocido", y destacó que este año empieza con la misma tendencia de 2008, cuando fallecieron 831 trabajadores durante la jornada laboral. Respecto al diálogo social, afirmó que espera que el proceso se encare "de otra manera", porque "no es el momento para los oportunistas", a los que acusó de querer "llevarse por delante" los derechos de los trabajadores mediante una reforma laboral "regresiva" y del deterioro del sistema de protección social. EFECOM bds/rl
Las compañías farmacéuticas se ven abocadas a buscar fórmulas de negocio imaginativas que combinen la oferta de innovación con la reducción de costes. El equilibrio no es fácil y la situación económica actual no hace más que agravar una presión que hasta hace poco sólo se daba en las economías subdesarrolladas: escasez de recursos y demanda creciente. Empresas, autoridades reguladoras, universidades y grupos sociales proponen ideas para un problema que puede empeorar con la evolución de la sociedad y el posterior deterioro económico.
Según el Observatorio Laboral de la UPF, unos dos millones de personas padecen en España alguna enfermedad como resultado de su trabajo, pero las cifras oficiales sólo reconocen 30.000 casos anuales. Además, los autores del estudio sostienen que cada año mueren en España 16.000 personas como consecuencia de enfermedades contraídas en su lugar de trabajo, pero que estas no son registradas como muerte laboral. Esta ocultación de datos supone que los costes sanitarios que deberían asumir las mutuas laborales recaigan en la sanidad pública, y que el 14% del presupuesto en salud pública de la Comunidades Autónomas sea para atender estas patologías. La UPF estima que este fraude alcanza los 82.000 millones de euros anuales.
Según la ley, en los casos de muerte laboral las mutuas deben pagar una pensión laboral, que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social, a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto.
El estudio recoge, además, propuestas para mejorar el funcionamiento de los centros de atención primaria y unificar su funcionamiento en España.
Muchas de las patologías derivadas de la situación de crisis económica son cardiovasculares y psicosomáticas
Oviedo (29-4-09).- El experto en salud laboral de CCOO, Ángel Cárcoba, ha asegurado que los datos que maneja su organización indican que cada millón de parados que se creen en España generará 167.000 enfermos y 6.000 suicidios a lo largo de los diez próximos años. Según informó CCOO, Cárcoba dio estas cifras durante su ponencia, ante la asamblea de delegados de prevención del sindicato celebrada esta mañana en Oviedo, titulada 'Crisis y desigualdades en la salud'.
Angel Cárcoba, adjunto a la secretaría de Salud Laboral de la C.S. de CCOO, señaló que muchas de las patologías derivadas de la situación de crisis económica son cardiovasculares y psicosomáticas. La ansiedad que produce entre los trabajadores la crisis económica y la pérdida del empleo, "genera desequilibrios emocionales e incrementa las enfermedades mentales". Angel Cárcoba afirmó que esta situación provoca "más de 50.000 ingresos en psiquiátricos".
El experto en salud laboral del sindicato intervino ante cientos de delegados de prevención convocados en Oviedo coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que hoy se celebra en todo el mundo.
Por otra parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Asturias, Jesús Alonso destacó que las enfermedades profesionales, muchas de las cuales siguen sin ser reconocidas, causan diez veces más muertes que los propios accidentes en el trabajo, una cifra "escandalos" y unos fallecimientos por enfermedad profesional "que no se declaran".
Alegaciones de CCOO
Por otra parte, CCOO ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el SNS dentro del plazo de quince días hábiles de los que disponen los agentes sociales en esta fase de consulta en que se encuentra esta futura normativa.
Así, las alegaciones de contenido técnico se refieren al objeto y ámbito de aplicación –Artículo 1-, ya que no se recogen modelos de informes para actividades de carácter ambulatorio: Hospital de Día Médico, Hospital de Día Quirúrgico u Hospitalización a Domicilio. “Cada vez es mayor el número de procesos resueltos por esta vía y consideramos imprescindible que formen parte de la información disponible en el ámbito del SNS”.
En segundo lugar, destacan que en el Informe de Atención en Urgencias (Anexo III) en los valores posibles para Unidad Asistencial responsable figura SAMU y S Urgencias + texto libre. “Se debería optar por el texto libre en todos los casos o se relacionan los diferentes dispositivos de emergencias de las diferentes CCAA”, afirman.
En cuanto al Artículo 2, que hace referencia a la estructura y propiedades de los conjuntos mínimos de datos, las alegaciones son las siguientes:
- En todos los informes, en el campo correspondiente a "Datos de la Institución Emisora" los valores válidos están en una lista cerrada que recoge los diferentes Servicios de Salud de las CCAA. Esto dejaría fuera todos los casos que no forman parte de dichos Servicios (Empresas públicas, fundaciones y demás "situaciones").
- La persona y teléfono de referencia sólo aparece en algunos informes. Dado el volumen de personas dependientes y la importancia de la persona cuidadora debería ser campo obligatorio en cualquier tipo de informe.
- En el domicilio del paciente debe figurar el registro del país, para recoger los domicilios del extranjero. (Curiosamente el país si que se recoge en el domicilio de los hospitales).
- Hay que dar el salto a los modelos ya habituales de comunicación. Se debe contar con las direcciones de correo electrónico de los usuarios y los usuarios deben conocer las direcciones de las webs de los centros y los correos electrónicos a los que se pueden dirigir. Por tanto, estos registros deben formar parte de todos los informes y como CM en el proyecto, cuando figuran son R.
En el comunicado emitido por el sindicato se destaca a su vez que, al margen de estos aspectos técnicos, hay uno de carácter más político que es el ámbito de aplicación.
CCOO considera que todos los ciudadanos deben tener garantizado el acceso a su información clínica, independientemente de dónde se le haya prestado la asistencia. La primera cuestión es si este decreto es de obligado cumplimiento en la asistencia privada.
De lo que no tiene duda este sindicato es de que sí debería ser obligatorio en toda asistencia que se financie con fondos públicos. Ello incluye a todos los centros concertados, MUFACE, etc.
Con ello, se garantizaría que todo aquel ciudadano o ciudadana que circule entre centros del SNS y centros concertados (desviación a centros concertados para actividad quirúrgica) la historia contenga los mismos datos.
Finalmente, el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera, subraya que " en general valoramos positivamente la aprobación de este Real Decreto por cuanto va a permitir disponer de una información relevante en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha presentado alegaciones técnicas y de contenido más político al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado que el personal estatutario interino no tiene derecho a la carrera profesional al estar excluido en el acuerdo de la mesa sectorial que regula esta materia. Es el cuarto tribunal autonómico que deniega este derecho.
¿Qué pasa una vez que hemos conseguido que se declare una enfermedad como profesional? Desgraciadamente, y en la mayoría de los casos, no pasa nada. Aunque nos parezca una aberración, generalmente no se produce ningún cambio en las condiciones de trabajo que fueron la causa o favorecieron la aparición de la enfermedad profesional, por lo cual puede acabar produciendo lo mismo en otras personas.
La declaración de una enfermedad profesional es un paso fundamental para visualizar las malas condiciones de trabajo, pero aun siendo una obligación legal, no es suficiente para que la empresa se vea obligada a cambiar o mejorar dichas condiciones. ¿Por qué ocurre así? Las razones son sencillas. Por un lado no hay mecanismos punitivos ni de amonestación asociados a la declaración de una enfermedad profesional, que hagan ver a la empresa que la Administración Laboral sabe que algo falla en su lugar de trabajo. Por otro, el esfuerzo de las mutuas y de los servicios de prevención para evitar que se reconozcan las enfermedades profesionales es de tal envergadura que acaban generando un clima de opinión en el que la empresa se siente eximida de cambiar las cosas.
Hay una posición ideológica que mantienen los técnicos de los servicios de prevención, los profesionales sanitarios y sobre todo las mutuas que consiste en negar el papel determinante de la actividad productiva como generadora de enfermedad. Podemos poner algunos ejemplos de cómo se manifiesta esa posición ideológica. En el caso de las enfermedades músculo-esqueléticas se hace referencia a las tareas domésticas, deportes realizados, a falta de hábitos saludables,... o una vez que te ha dado el alta la mutua, la causa es “constitucional”, así es tu cuerpo, no hay nada que hacer. También ocurre en las enfermedades producidas por exposición a productos químicos: en un empresa en la que se utiliza resina con estireno para hacer barcas, se encontró que un gran número de trabajadores y trabajadoras tenían metabolitos del estireno en el análisis de orina realizado en vigilancia de la salud, el servicio de prevención puso la duda sobre la mesa: ¿qué comen estas trabajadoras, qué hábitos tienen en su casa? En el caso de una trabajadora con una neumoconionis por fibra de vidrio en una empresa en la que hacen cajas con este material, la empresa sospechó de la calidad del aire del lugar de residencia de la trabajadora.
En este contexto, aun habiendo la notificación de enfermedad profesional, a lo largo del proceso se ha puesto tanto en duda el origen laboral de la enfermedad, que la empresa no ve necesario ni se siente obligada a cambiar las condiciones de trabajo o adoptar medidas de corrección.
Así nos podemos encontrar con el caso de un trabajador que desarrolló un asma ocupacional por exposición a isocianatos, y la empresa no realizó ninguna investigación ni aplicó ninguna medida de control o eliminación de los riesgos. O el caso de otra empresa en la que se realizan lanchas de forma manual, en la que llegaron a tener un número enorme de enfermedades profesionales notificadas, y en la que estas notificaciones no provocaron ninguna acción por parte de la empresa hasta que no se puso una denuncia a la Inspección de Trabajo. Conocemos casos de trabajadoras con pérdidas auditivas por exposición a ruido que han sido reconocidas como enfermedad profesional y en los que toda la acción preventiva que ha desarrollado la empresa se limita a la recomendación de ponerse los EPIS.
A menudo, el trabajo cotidiano que hacen los delegados y delegadas en las empresas, haciendo visibles las condiciones, presentando denuncias a la inspección, consigue revertir esta situación. Pero es un proceso duro, se actúa sin el apoyo necesario de la Administración y en muchas ocasiones, como consecuencia de las acciones realizadas, las trabajadoras sufren represalias, amonestaciones, sanciones, ninguneo. El apoyo del sindicato es clave en estos casos para convertir las demandas en los centros de trabajo en políticas de salud laboral. Hemos de tener en cuenta que tras la declaración de una enfermedad profesional, la ausencia de cambios provoca que los trabajadores y trabajadoras perciban que las condiciones que afectan a su salud son imposibles de cambiar. Lo que sin duda influye en el balance que se hace respecto a qué pesa más, mantener un salario o mantener la salud.
22/04/2009 - María Menéndez. Técnica del Gabinete Higia de CON Cataluña - Revista Por Experiencia ISTAS
 Pilar Grande, Juan José Rodríguez Sendín y Patricio Martínez | Madrid 29/04/2009 El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para regular la participación de enfermeros y podólogos en la prescripción de determinados medicamentos. |
La aprobación de la Proposición de Ley, defendida por la portavoz de sanidad del Grupo Socialista, Pilar Grande, con el pretexto de ofrecer seguridad jurídica a los profesionales, ha sido rechazada por las principales organizaciones representativas de los médicos, la Organización Médica Colegial (OMC), para la que se trataría de una especie de fraude de ley, al no haberse modificado otras normas básicas, como la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que critica el que no se delimiten las competencias y responsabilidades de tal actividad. Por su parte, desde el Consejo General de Enfermería no se dudaba en tender la mano a las diferentes instituciones médicas para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la modificación definitiva de la Ley del Medicamento. Pilar Grande subrayó que se trataba de adaptar el marco legal a una situación que está perfectamente asumida y es una en la práctica diaria de la asistencia sanitaria en nuestro sistema de salud. En este sentido, apeló al reparto de funciones y responsabilidades entre los distintos profesionales sanitarios, al establecimiento de "espacios competenciales compartidos" y a la "colaboración entre profesionales". La portavoz socialista ha mostrado su voluntad de trabajar por el consenso de todos los grupos parlamentarios en la tramitación de esta ley, así como el empeño en conseguir el apoyo, el entendimiento y el acuerdo previo de las organizaciones médicas y de enfermería. Modificación de la Ley del Medicamento La búsqueda de una formula jurídica que "resuelva de forma estable y con vocación de permanencia" la participación de la prescripción por parte de estos profesionales se haría posible a través de una modificación del artículo 77 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La iniciativa especifica que, como se establece en la ley, "médicos y odontólogos son los únicos profesionales sanitarios con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos". Pero, manteniendo este precepto, se considera que "es conveniente modificar la ley para contemplar la participación en la prescripción de determinados medicamentos de otros profesionales sanitarios, como son los enfermeros y podólogos, desde el reconocimiento del interés para el sistema sanitario de su participación en programas de seguimiento de determinados tratamientos". OMC y CESM en contra El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (OMC) solicitó la retirada de la proposición de Ley, al considerar que el cambio legislativo que conllevaría en otras Leyes Básicas, como la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, requiere del consenso del sector salud, previa eliminación de cualquier clima de confrontación, para el establecimiento con carácter anterior de protocolos de actuaciones y, especialmente, de delimitación y/o transferencias de responsabilidades. Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) desaprobó la iniciativa parlamentaria porque se intenta llevar a la práctica, sin aclarar previamente, conceptos esenciales y sin delimitar de un modo claro las competencias y responsabilidad de los profesionales sanitarios involucrados en ello. Para el secretario general de CESM, Patricio Martínez, "se está construyendo la casa por el tejado" pues, según dijo, "el primer paso obligado, pero que no se ha dado" era desarrollar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), aprobada en 2003, con vistas a perfilar las funciones y responsabilidades de cada una de ellas. Los médicos objetan, pues, el procedimiento a seguir, aunque sus críticas saltan ese dintel para proyectarse en el terreno de los principios. En concreto, aluden a que la prescripción de medicamentos forma parte indivisible del acto médico, ya que está relacionada con un diagnóstico que sólo él tiene el derecho y deber de llevar a cabo en las condiciones de idoneidad que demanda la buena práctica asistencial. | |
A propósito de la política salarial últimamente se viene argumentando que al funcionar la economía en un marco de competitividad internacional, el aumento de los salarios puede ocasionar un problema en el empleo y que los salarios son los causantes del deterioro económico. En el mismo sentido se argumenta también que apostar por una pauta salarial de aumento moderado de los mismos, a pesar de su efecto en favor del consumo, no compensaría la influencia sobre la demanda debido a que el aumento de los costes laborales, por su efecto en los precios, provocaría una mayor destrucción de empleo.
Este pensamiento o interpretación neoliberal predica que los salarios deben moderarse con la finalidad de que se eliminen las dificultades en el proceso de crecimiento económico y de creación de empleo. En resumen, el pensamiento económico dominante afirma que la fórmula para la salida de la crisis incluye necesariamente la aceptación de un intercambio colectivo que posibilite el ajuste entre salario y empleo, entendiendo que las empresas invierten en función de la estructura de costes de las inversiones, entre los que el coste laboral constituye el principal factor de todos ellos y asumiendo que los salarios son directamente culpables o responsables de la caída del empleo.
Sin embargo, la causa de la crisis de la economía española viene inducida por su dependencia respecto al mercado internacional, por su ubicación semiperiférica y débil capacidad negociadora, y por su enorme dependencia energética, factores que explican en gran parte la deficitaria balanza de pagos que ha obligado a importar más de lo que exporta. La profunda caída de la actividad económica internacional que afecta a materias primas sobre las que la economía española es muy dependiente es un factor explicativo de primer orden para entender la caída de la actividad y los precios.
Por otro lado, la reinversión de los beneficios acumulados en los últimos años es prácticamente nula debido a las contradictorias expectativas de crecimiento y al enorme frenazo que experimenta la demanda. En esta coyuntura la preferencia por acumular liquidez inhibe cualquier tentación de inversión. En cuanto al aumento en el gasto público que el gobierno propone para compensar la crisis de oferta tiene evidentes limitaciones, tanto porque las posibilidades de aumentar la deuda pública son limitadas como porque se está planteando la reducción de impuestos fiscales que a la postre frenarán la acción pública.
De manera que los salarios y la cantidad y calidad del empleo son variables dependientes de la evolución de estos factores y por tanto son víctimas y no agentes causantes de la destrucción de empleo. No se puede ignorar o no fijar la atención en que la estructura de costes de las empresas es de naturaleza compleja, y es posible incluir entre ellas el coste de las materias primas, la tecnología, el capital inmovilizado, los costes financieros (el tipo de interés real, donde se conjugan tipos de interés y su brecha con el tipo oficial bancario, hasta la necesaria reducción de la inflación) o inclusive la importancia decisiva del régimen fiscal, o de las ingentes subvenciones al capital (subvenciones directas, créditos blandos, compra de activos de la banca, bonificaciones a la contratación, etc.). En última instancia y de manera decisiva, son las expectativas de beneficio de un entorno determinado las que explican las nuevas inversiones.
Este planteamiento, al poner el peso de la evaluación principal de los costes en los aspectos laborales, no da concesión o credibilidad a la posibilidad de regular los mercados mediante la intervención pública para establecer criterios que no constriñan toda decisión o inversión económica en la rentabilidad, y además despreciar otros tipos de costes sobre los que se puede incidir para mejorar las condiciones de beneficio de un país o mercados determinados.
Solo si se asume que las reglas del mercado competitivo y de la rentabilidad son los únicos posibles y no pueden estar sujetos a una regulación y solo si se entiende que el único coste para el capital sea el laboral se puede pensar que un moderado crecimiento del salario ocasione una destrucción de empleo. Hay que entender otros factores del entorno donde se invierte, en el que el coste laboral es un factor más entre otros, y esa acción de contrapeso es la que realizamos las organizaciones sindicales para reorientar los argumentos y negar la culpabilización de los salarios en relación al empleo.
En este sentido, defendemos una política salarial en la negociación colectiva para 2009 que incluya un aumento salarial del 2%, en línea con las previsiones marcadas por el Banco Central Europeo, a lo que se añade el reparto de la productividad y las cláusulas de revisión salarial. Esta es la regla general que impide que los salarios pierdan peso social. La inflación prevista por el gobierno ha sido en los últimos años el criterio habitual sobre el que se revalorizaban los salarios, dato que habitualmente ha subestimado la evolución de los precios, con el resultado evidente de que poder adquisitivo del salario medio ha descendido a lo largo de la presente década. Resulta oportunista, por tanto, la posición de la cúpula empresarial que pretende cambiar las reglas de juego en el momento en el que no le salen las cuentas en función de los resultados de un periodo determinado, sin que por otro lado se aseguren o se evidencien garantías de una mayor efectividad.
Desde CCOO consideramos con especial insistencia la pauta negocial de que los salarios más bajos crezcan por encima de la inflación, con el fin de evitar la competencia perversa por los salarios más bajos.
Una referencia de incremento salarial por debajo de la inflación prevista sería un reconocimiento inaceptable de que son los trabajadores y sus salarios los causantes de la crisis, y esta circunstancia no ha podido demostrarse en ningún caso. Por el contrario, la política económica pública, la financiarización sistémica y la mala gestión empresarial han sido en suma los auténticos responsables de un modelo socioeconómico de difícil viabilidad. Un aumento del 2% en los salarios, con la consigna de una mejoría aún mayor de los salarios más bajos, es una simple medida de compensación del terreno perdido en capacidad adquisitiva de un amplio porcentaje de la clase trabajadora en la última década, puesto que sólo una fracción minoritaria de los salarios ha crecido holgadamente, mientras que el grueso mayoritario se ha mantenido estancado o en retroceso.
En relación a la negociación colectiva hay que añadir una cuestión en relación a sus estructura, que en momentos de crisis se utiliza recurrentemente por parte de algunos dirigentes empresariales para modificar el modelo de negociación, promoviendo que se profundice la fragmentación de su estructura, para priorizar el ámbito de la empresa en la negociación de las pautas salariales. Un ejemplo de ello se encuentra en la interpretación empresarial sobre las cláusulas de descuelgue o inaplicación de los salarios pactados, donde interpreta que la mera previsión de pérdidas en el ejercicio de 2009 sería criterio suficiente para solicitar el descuelgue salarial, inhabilitando así tanto el procedimiento administrativo como el control sindical respecto a la veracidad de la situación crisis de la empresa. Al contrario, las eventuales dificultades de las empresas que soliciten la inaplicación salarial deben ir acompañadas de la presentación de planes de futuro de la empresa, así como de los plazos de recuperación del incremento salarial que los trabajadores han dejado de percibir por el tiempo que se le haya concedido tal “descuelgue salarial”.
La propuesta de profundizar en la fragmentación de la negociación colectiva solo agravaría el problema de las desigualdades salariales. Además dificultaría el objetivo del aumento de los salarios más bajos y de aquellos más alejados del salario medio, cuestión que solo puede llevarse a cabo desde una negociación global donde este objetivo pueda explicitarse como una cuestión de justicia social que mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras para afrontar la crisis económica.
Ramón Górriz Vitalla es Secretario de Acción Sindical de la C. S. de CCOO
Acuerdo de 22 de abril de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2009 de la Administración del Principado de Asturias y sus Organismos y Entes Públicos.
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/24/2009-10899.pdf
El día 1 de Abril se celebró la reunión de Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma que tuvo continuidad el 6 de Abril, en la que figuraba como uno de los puntos "oferta pública de empleo en la Administración del Principado 2009". La Administración decidió no incluir ninguna plaza para el SESPA. Su representante hizo una intervención de principios: como principal empleador en Asturias, debían en esta "crisis" aportar todas las plazas posibles. Resulta curioso cuando el Sr. Rabanal ha dicho en prensa que sería necesario congelar los sueldos de los trabajadores públicos, algo que no puede hacer desde una Comunidad Autónoma, y a la vez paraliza la oferta de empleo público en el SESPA para el año 2009, aduciendo que en el 2008 se ha convocado una OPE histórica con más de 2700 plazas.
CC.OO planteó lo siguiente:
1. En el ámbito del SESPA que fue antes INSALUD, desde el 2001 no había ningún proceso selectivo, por lo tanto estábamos en tasas de eventualidad de más de un 30%. El número de plazas ofertadas eran las vacantes que había en Noviembre de 2007, siendo en la actualidad como mínimo un 5% más. Los trabajadores a los que en su día el INSALUD hurtó la posibilidad de consolidar su empleo en la OPE EXTRAORDINARIA, "cocineros, lavanderas, pintores, carpinteros, etc." en todos los demás Servicios de Salud ya pudieron consolidar su plaza.
2. En el 2008 no hubo ni una sola plaza de personal no sanitario, salvo celadores.
3. Más de un tercio de las plazas convocadas se ocupan por propietarias en el proceso de movilidad voluntaria "traslados".
4. El ACEBA, firmado por CCOO, establece que en el primer trimestre del 2009 la temporalidad en la Administración no puede pasar del 8% y de un 6 % en el 2011. La propia Administración no cumple lo que firma ya que solo con los trabajadores temporales "eventuales e interinos" del SESPA sobrepasamos ampliamente esas tasas.
Los demás Sindicatos de la Mesa han expresado lo siguiente:
UGT "sector sanitario", no interviene sobre la OPE del SESPA.
CEMSATSE "sector médico", dicen que como no hay nada de médicos, no entienden de OPES de operarios y bomberos.
CEMSATSE" sector enfermería", no dicen nada de la oferta de empleo en el SESPA, solo plantean que hay que revisar los ratios de ATS/DUE en el ERA.
USIPA/SICEPA, no plantean nada con respecto a las categorías no convocadas en el 2001 y dicen estar en desacuerdo en que no haya convocatoria de personal no sanitario en el 2008.
Por todo lo anterior CCOO no firma, ni puede estar de acuerdo con esta tomadura de pelo de OPE, que ni es oferta, ya que no existe, ni es pública, porque no se negocia con los trabajadores, si no que es impuesta por Función Pública y el Sr. Rabanal, como si la administración fuera su cortijo.
Hoy se publica en el BOPA las resoluciones por las que se resuelve con carácter definitivo el proceso de movilidad voluntaria "traslados" en las siguientes categorías:
ATS/DUE
MATRONAS
FISIOTERAPEUTAS
LOGOPEDAS
GRUPO DE GESTION DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA
INGENIEROS TECNICOS
TRABAJADORES SOCIALES
En los siguientes enlaces podréis consultar las distintas resoluciones así como los listados definitivos de cada categoría.
RESOLUCIONES
TRABAJADOR SOCIAL
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10667.pdf
MATRONAS
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10666.pdf
LOGOPEDAS
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10665.pdf
INGENIERO TECNICO
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10664.pdf
GRUPO DE GESTION DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10663.pdf
FISIOTERAPEUTAS
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10662.pdf
ATS/DUE
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/27/2009-10661.pdf
Las plazas adjudicadas son irrenunciables. Los concursantes que obtengan plaza cesarán en la que en su caso desempeñen, al tercer día hábil siguiente a la publicación de la presente Resolución. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al del cese, si las plazas son de la misma localidad; en el plazo de quince días, si son de distinta localidad en la misma área de salud, o en un mes si pertenecen a distinta localidad y área de salud. Cuando la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo o implique el cambio en el servicio de salud de destino, el plazo de toma de posesión será de un mes.
Las personas que se encuentren en situación de IT o riesgo durante el embarazo o disfrutando de permisos por maternidad o paternidad, en situación de excedencia por cuidado de hijos o familiares y servicios especiales, se les diligenciará el cese en el destino que estuviesen desempeñando y la toma de posesión en el nuevo destino adjudicado dentro de los plazos ordinarios fijados en el primer párrafo de este apartado, sin que ello suponga la finalización de la licencia o permiso concedidos y por lo tanto sin que ello suponga una incorporación efectiva al destino. Así, en estos casos, el personal que haya obtenido puesto de trabajo, deberá comunicar por escrito estas circunstancias a los centros afectados (plaza definitiva en la que cesa y en el que toma posesión), aportando documentación acreditativa de los motivos alegados. Esta comunicación deberá ser realizada dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la firma y publicación.
http://procesomovilidad.sespa.princast.es.
La crisis no tiene un origen laboral. No obstante, España sufre una destrucción de empleo muy superior a la observada en la mayoría de los países desarrollados. Con una tasa de paro del 17,36% y que podría alcanzar el 20% en unos meses, es urgente atacar las causas que generan tan intensa destrucción de empleo. Ni las medidas de estímulo fiscal ni las de fomento del empleo -por ejemplo, las subvenciones a la contratación ya aprobadas- serán eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo.
Pacto por el empleo
Los datos de la EPA son el mejor exponente de la grave crisis económica y financiera por la que atravesamos. Una tasa de paro del 17,36% y más de cuatro millones de personas en el desempleo lo dicen todo. La destrucción de empleo se sigue produciendo principalmente entre los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y destacan los jóvenes, que es el grupo que mantiene las tasas de temporalidad más altas.
Ramón Eiroa, Ricardo de Dios, Luis López y Pablo Mosquera, miembros del equipo directivo del Hospital de Jarrio. tania cascudo
