El papel de los salarios en la situación de crisis

A propósito de la política salarial últimamente se viene argumentando que al funcionar la economía en un marco de competitividad internacional, el aumento de los salarios puede ocasionar un problema en el empleo y que los salarios son los causantes del deterioro económico. En el mismo sentido se argumenta también que apostar por una pauta salarial de aumento moderado de los mismos, a pesar de su efecto en favor del consumo, no compensaría la influencia sobre la demanda debido a que el aumento de los costes laborales, por su efecto en los precios, provocaría una mayor destrucción de empleo.

Este pensamiento o interpretación neoliberal predica que los salarios deben moderarse con la finalidad de que se eliminen las dificultades en el proceso de crecimiento económico y de creación de empleo. En resumen, el pensamiento económico dominante afirma que la fórmula para la salida de la crisis incluye necesariamente la aceptación de un intercambio colectivo que posibilite el ajuste entre salario y empleo, entendiendo que las empresas invierten en función de la estructura de costes de las inversiones, entre los que el coste laboral constituye el principal factor de todos ellos y asumiendo que los salarios son directamente culpables o responsables de la caída del empleo.

Sin embargo, la causa de la crisis de la economía española viene inducida por su dependencia respecto al mercado internacional, por su ubicación semiperiférica y débil capacidad negociadora, y por su enorme dependencia energética, factores que explican en gran parte la deficitaria balanza de pagos que ha obligado a importar más de lo que exporta. La profunda caída de la actividad económica internacional que afecta a materias primas sobre las que la economía española es muy dependiente es un factor explicativo de primer orden para entender la caída de la actividad y los precios.

Por otro lado, la reinversión de los beneficios acumulados en los últimos años es prácticamente nula debido a las contradictorias expectativas de crecimiento y al enorme frenazo que experimenta la demanda. En esta coyuntura la preferencia por acumular liquidez inhibe cualquier tentación de inversión. En cuanto al aumento en el gasto público que el gobierno propone para compensar la crisis de oferta tiene evidentes limitaciones, tanto porque las posibilidades de aumentar la deuda pública son limitadas como porque se está planteando la reducción de impuestos fiscales que a la postre frenarán la acción pública.

De manera que los salarios y la cantidad y calidad del empleo son variables dependientes de la evolución de estos factores y por tanto son víctimas y no agentes causantes de la destrucción de empleo. No se puede ignorar o no fijar la atención en que la estructura de costes de las empresas es de naturaleza compleja, y es posible incluir entre ellas el coste de las materias primas, la tecnología, el capital inmovilizado, los costes financieros (el tipo de interés real, donde se conjugan tipos de interés y su brecha con el tipo oficial bancario, hasta la necesaria reducción de la inflación) o inclusive la importancia decisiva del régimen fiscal, o de las ingentes subvenciones al capital (subvenciones directas, créditos blandos, compra de activos de la banca, bonificaciones a la contratación, etc.). En última instancia y de manera decisiva, son las expectativas de beneficio de un entorno determinado las que explican las nuevas inversiones.

Este planteamiento, al poner el peso de la evaluación principal de los costes en los aspectos laborales, no da concesión o credibilidad a la posibilidad de regular los mercados mediante la intervención pública para establecer criterios que no constriñan toda decisión o inversión económica en la rentabilidad, y además despreciar otros tipos de costes sobre los que se puede incidir para mejorar las condiciones de beneficio de un país o mercados determinados.

Solo si se asume que las reglas del mercado competitivo y de la rentabilidad son los únicos posibles y no pueden estar sujetos a una regulación y solo si se entiende que el único coste para el capital sea el laboral se puede pensar que un moderado crecimiento del salario ocasione una destrucción de empleo. Hay que entender otros factores del entorno donde se invierte, en el que el coste laboral es un factor más entre otros, y esa acción de contrapeso es la que realizamos las organizaciones sindicales para reorientar los argumentos y negar la culpabilización de los salarios en relación al empleo.

En este sentido, defendemos una política salarial en la negociación colectiva para 2009 que incluya un aumento salarial del 2%, en línea con las previsiones marcadas por el Banco Central Europeo, a lo que se añade el reparto de la productividad y las cláusulas de revisión salarial. Esta es la regla general que impide que los salarios pierdan peso social. La inflación prevista por el gobierno ha sido en los últimos años el criterio habitual sobre el que se revalorizaban los salarios, dato que habitualmente ha subestimado la evolución de los precios, con el resultado evidente de que poder adquisitivo del salario medio ha descendido a lo largo de la presente década. Resulta oportunista, por tanto, la posición de la cúpula empresarial que pretende cambiar las reglas de juego en el momento en el que no le salen las cuentas en función de los resultados de un periodo determinado, sin que por otro lado se aseguren o se evidencien garantías de una mayor efectividad.

Desde CCOO consideramos con especial insistencia la pauta negocial de que los salarios más bajos crezcan por encima de la inflación, con el fin de evitar la competencia perversa por los salarios más bajos.

Una referencia de incremento salarial por debajo de la inflación prevista sería un reconocimiento inaceptable de que son los trabajadores y sus salarios los causantes de la crisis, y esta circunstancia no ha podido demostrarse en ningún caso. Por el contrario, la política económica pública, la financiarización sistémica y la mala gestión empresarial han sido en suma los auténticos responsables de un modelo socioeconómico de difícil viabilidad. Un aumento del 2% en los salarios, con la consigna de una mejoría aún mayor de los salarios más bajos, es una simple medida de compensación del terreno perdido en capacidad adquisitiva de un amplio porcentaje de la clase trabajadora en la última década, puesto que sólo una fracción minoritaria de los salarios ha crecido holgadamente, mientras que el grueso mayoritario se ha mantenido estancado o en retroceso.

En relación a la negociación colectiva hay que añadir una cuestión en relación a sus estructura, que en momentos de crisis se utiliza recurrentemente por parte de algunos dirigentes empresariales para modificar el modelo de negociación, promoviendo que se profundice la fragmentación de su estructura, para priorizar el ámbito de la empresa en la negociación de las pautas salariales. Un ejemplo de ello se encuentra en la interpretación empresarial sobre las cláusulas de descuelgue o inaplicación de los salarios pactados, donde interpreta que la mera previsión de pérdidas en el ejercicio de 2009 sería criterio suficiente para solicitar el descuelgue salarial, inhabilitando así tanto el procedimiento administrativo como el control sindical respecto a la veracidad de la situación crisis de la empresa. Al contrario, las eventuales dificultades de las empresas que soliciten la inaplicación salarial deben ir acompañadas de la presentación de planes de futuro de la empresa, así como de los plazos de recuperación del incremento salarial que los trabajadores han dejado de percibir por el tiempo que se le haya concedido tal “descuelgue salarial”.

La propuesta de profundizar en la fragmentación de la negociación colectiva solo agravaría el problema de las desigualdades salariales. Además dificultaría el objetivo del aumento de los salarios más bajos y de aquellos más alejados del salario medio, cuestión que solo puede llevarse a cabo desde una negociación global donde este objetivo pueda explicitarse como una cuestión de justicia social que mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras para afrontar la crisis económica.

Ramón Górriz Vitalla es Secretario de Acción Sindical de la C. S. de CCOO