El autor defiende la calidad sociasistencial prestada por los centros geriátricos y reivindica su papel en el proceso asistencial del Sistema Nacional de Salud, ya que la población no es consciente de su eficacia como paliativo de la saturación en los centros asistenciales.
Alberto López Rocha. Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer)
 Carlos Barra Galán | Uno de nuestros colaboradores habituales, Carlos Barra, reflexiona sobre el contenido de la inspección de trabajo realizado a seis nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid, una muestra clara de la línea política sanitaria implantada por el Gobierno de Esperanza Aguirre. |
| El autor explica la conexión entre pensiones y presupuestos y cómo la crisis es usada para amenazar derechos conquistados. |
En medio de una crisis particularmente devastadora en nuestro país, con el paro encaminándose a los cinco millones, los poderes económicos y la derecha política han desatado una nueva ofensiva contra las pensiones en un alarde de cinismo que raya la provocación. Los causantes (reales e ideológicos) de la crisis se atreven a servirse de ella –demandan “reformas profundas” sin ton ni son– para golpear a las víctimas, sabiendo que los trabajadores no tienen nada que ver ni tienen nada que aportar a su solución, en una demostración concluyente de que para la burguesía la lucha de clases es permanente. El PSOE, hasta ahora, se resiste a admitir las propuestas que hay sobre el tapete, pero no hay que pasar por alto que son destacados socialistas los que encabezan instituciones que sirven de arietes en la ofensiva: el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, y el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia.
Como si fuera algo normal que los olmos dieran peras, los más empeñados en que el Gobierno aproveche la crisis para reformar el mercado de trabajo, abaratar el despido, recortar las pensiones y cambiar las reglas de la negociación colectiva han redoblado su presión sobre los sindicatos, con el argumento de que no pueden permanecer impasibles ante una política económica que ha generado cuatro millones de parados. A las centrales se les exige que convoquen una huelga general contra Zapatero que, según ha prometido, ni facilitará los despidos, ni rebajará las pensiones ni adoptará reformas en el mercado de trabajo que no sean bendecidas por los sindicatos, además de compartir con ellos la estrategia de aumentar el gasto público para incentivar la economía. En definitiva, se pretende que UGT y CCOO den peras y, de paso, se peguen un tiro en el pie, so pena de excomunión por entreguistas, inoperantes, oficialistas y vividores
 Carlos Barra | Madrid 21/04/2009 Carlos Barra, uno de los firmes defensores de la inocencia de Luis Montes y de los profesionales del Hospital Severo Ochoa a quienes Manuel Lamela, como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, atribuyó actuaciones profesionales que la Justicia determinó que no se ajustaban a la verdad, analiza la decisión judicial que ha admitido a trámite la querella presentada contra el ya exconsejero. | ||
"Han pasado cuatro años de unos hechos que conmocionaron a la sociedad española y generaron una gran alarma social; me refiero al llamado 'Caso Leganés'. Conviene recordar que, basándose en una denuncia anónima, demostrada posteriormente como falsa, el entonces Consejero de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, denunció ante los Tribunales de Justicia al Dr. Luis Montes y a varios profesionales más del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, por la realización de prácticas médicas irregulares que habrían producido resultado de muerte en numerosos casos. (En un principio se llegó a hablar de 400 casos de presuntos homicidios). La ambigüedad cómplice del Colegio de Médicos de Madrid, con su Presidenta a la cabeza, así como el silencio vergonzante de muchos profesionales médicos que no supieron defender, no tanto a unos colegas, sino el propio ejercicio libre de su profesión, permitieron que se iniciase desde el Gobierno de Madrid la mayor agresión de toda la historia contra la Sanidad Pública y sus profesionales en nuestro país. Sólo la firme convicción de los denunciados en su buen quehacer profesional y el enorme apoyo que la ciudadanía de todos los rincones del país les prestó, permitió que, a pesar de la persecución a que fueron sometidos ellos, pudiesen demostrar ante los Tribunales la falsedad de los hechos que se les imputaban. Responsabilidades políticas Una vez que la Justicia estableció la inocencia de los acusados así como la absoluta ausencia de mala praxis en su actividad profesional, parecía razonable que, en un sistema demócratico, se asumiesen responsabilidades políticas por parte del Gobierno Aguirre. Nada más lejos de la realidad. La Sra. Aguirre, que validó reiteradamente la actuación del Sr. Lamela ( posteriormente lo fulminó y eliminó de su Gobierno), a fecha de hoy sigue sin asumir ninguna responsabilidad política. El pasado 14 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid admitió a trámite la querella que los doctores Montes Mieza y López Varas interpusieron contra el ex-consejero Lamela y los miembros del Comité de Expertos que él mismo nombró ad-hoc, por los presuntos delitos de denuncia falsa y falsedad. Ideología reaccionaria Desde un absoluto respeto al Estado de Derecho y consecuentemente a la presunción de inocencia(derecho vulnerado reiteradamente por el Gobierno de Madrid en este asunto), estoy convencido de que la actuación judicial que ahora comienza va a permitir que pueda demostrarse que la actuación de Lamela y sus acólitos no perseguía la búsqueda de la verdad y la seguridad de los pacientes, sino el aniquilamiento de unos profesionales que defendían y defienden un concepto de servicio público sanitario absolutamente contrapuesto a la ideología reaccionaria y fundamentalismo político que representa el Gobierno de Esperanza Aguirre. El comportamiento político del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su Presidenta en este gravísimo suceso pone al descubierto la absoluta falta de ética política que preside su ejercicio del poder y debilita de manera grave la fortaleza de nuestro sistema democrático. Para concluir y como dato muy esperanzador, tenemos una certeza: la verdad avanza". Carlos Barra Galán. - Médico de la Asociación en Defensa del Hospital Severo Ochoa | |||
Lejos de ser un privilegio, la inamovilidad funcionarial es una conquista del Estado de Derecho
No corren buenos tiempos para los funcionarios en la opinión pública. La crisis económica remueve las aguas del agravio social y la función pública, denostada en épocas de abundancia, pasa a ser objeto de crítica en esta época de escasez.